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Los Kirchner le otorgaron el acceso a Hugo Chávez a una base militar

02/08/2017 07:03 hs
Enarsa le cedió a Pdvsa, empresa del Estado venezolano, el control de una planta en la Base Naval Belgrano, la mayor del país.

En medio de la afinidad con Venezuela, el gobierno de Néstor Kirchner le dio a PDVSA, la petrolera del Estado venezolano, acceso a una estratégica jurisdicción militar argentina, algo que luego confirmó su sucesora Cristina Kirchner , según corroboró La Nación en base a documentos oficiales y fuentes al tanto de la operación. Lo hizo en el marco de una sociedad con Enarsa, en la que la firma extranjera tenía el 60% (y por lo tanto el control), mientras que su par local sólo retuvo el 40% restante.

 

En 2006, Enarsa, un feudo del cuestionado ex ministro de Planificación Julio De Vido (ahora diputado), creó junto a Pdvsa la sociedad Enarsa-PDV S.A. Su único objeto era la construcción de una planta de regasificación de Gas Natural Licuado para abastecer la demanda local en un contexto de caída de la producción doméstica, uno de los efectos de la política energética desplegada por De Vido.


El proyecto se iba a levantar en la base naval General Belgrano (Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires), la mayor de su tipo en todo el país, donde hay destructores, remolcadores y buques logísticos, entre otros.

 

Enarsa tenía la concesión de un predio ubicado en ese distrito militar para construir un puerto. Pero fuera de las previsiones, la empresa argentina fue a buscar como socia a su par venezolana, a la que le dio el control de la iniciativa.


De acuerdo al Estatuto de Sociedad, entre otras, lleva la firma de Jorge Pérez Mancebo, por aquellos días director de la filial local de Pdvsa. Su compatriota Guido Antonini Wilson lo llamó por teléfono el 4 de agosto de 2007, cuando llegó al país con una valija con US$ 800.000 para financiar la campaña que condujo a Cristina Kirchner a ganar las elecciones. Eso le valió a Pérez Mancebo formar parte de la causa judicial, de acuerdo a información de La Nación.

 

Mancebo no es el único nombre controvertido mencionado en el estatuto. También está la firma de Exequiel Espinosa, el ex presidente de Enarsa, que compartió el avión con el valijero venezolano esa noche. De hecho, la compañía estatal argentina pagó el viaje.

 

El kirchnerismo insistió con la iniciativa hasta el final de su estadía en el poder, dado que el último trámite de la sociedad se hizo en 2015, cuando la ex presidenta abandonó la Casa Rosada.

 

El proyecto no prosperó porque se trataba de dos socios pobres. Ambas empresas salieron a buscar financiamiento, pero no lo consiguieron. Sólo alcanzaron a cerrar el perímetro en el que debía construirse la futura planta regasificadora del producto importado. Varios memorándum de entendimiento entre la Argentina y Venezuela fueron preparando el terreno para la construcción de la planta.


El 15 de mayo de 2009, con Cristina Kirchner en la Presidencia, ambos países acordaron la construcción de instalaciones para la regasificación de gas en Buenos Aires, que condujo a la creación de la empresa mixta entre ambos Estados.

 

El último compromiso firmado por los Estados es el "Acta de Inicio de la Fase de Arranque Temprano para la Construcción y Puesta en Marcha de la Planta de Regasificación de Gas Natural Licuado en la República Argentina", el 29 de marzo de 2011. Hasta allí casi no se hablaba de Bahía Blanca. Y nunca trascendió que Venezuela tendría el control del proyecto.

 

Disolución express

 

La llegada de Mauricio Macri al gobierno dio por tierra con la iniciativa. Cuando vieron la sociedad con la empresa venezolana se encendieron las señales de alarma de los directivos que llegaron a Enarsa a fines de 2015 de la mano de su actual presidente, Hugo Balboa.

 

De inmediato, el equipo de legales de Enarsa avanzó en la disolución de la sociedad con Pdvsa. A esa altura, los venezolanos ya habían entendido el cambio de bandera política en la Argentina, por lo que no opusieron resistencia.

 

Las nuevas autoridades de Enarsa, además, esgrimieron argumentos atendibles desde el punto de vista societario. El convenio con la Armada estipulaba un plazo de dos años para avanzar con la iniciativa, algo que no se cumplió, por lo que el acuerdo estaba de hecho caído. Sus socios aceptaron.

 

El trámite, de todas maneras, se concretó hace poco. El Balance Final de Liquidación de la Sociedad se realizó el 24 de mayo de este año, según el acta de asamblea extraordinaria de accionistas. Ambas empresas iniciaron otros negocios que fracasaron. Entre ellos, la explotación de dos estaciones de servicio.

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