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Un ex hombre de confianza de Alberto Fernández irá a juicio por el financiamiento ilegal de la campaña K de 2007

30/07/2019 20:33 hs
Se trata de Héctor Capaccioli que está procesado como ex miembro del comité electoral de la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos.
Con más de diez años de atraso, el juez federal Ariel Lijo elevará, después de la feria judicial, a juicio oral y público la causa por el lavado de dinero de donaciones para la campaña presidencial de Cristina Kirchner y Julio Cobos del 2007 en la cual el principal imputado es un hombre de confianza del candidato presidencial K Alberto Fernández: Héctor Capaccioli.

Antes de la feria, Lijo rechazó una serie de pedidos de nulidades elevados a las cámaras federal y de Casación que demoraron la causa durante años.

Ahora definirá la situación de dos empresas más involucradas en el caso -a pedido de la Cámara Federal- y luego "aceptará el pedido de elevación" que en octubre del año pasado le hizo el fiscal Franco Picardi, según informaron fuentes judiciales a Clarín. Capaccioli, un sindicalista de los operadores de radio, con el apoyo de Alberto Fernández, entonces jefe de gabinete de Néstor y luego de Cristina, fue Superintendente del Servicio de Salud y miembro del comité de apoyo a la fórmula Cristina-Cobos hasta que renunció peleado con la entonces ministra de Salud, Graciela Ocaña.

El caso se abrió como un desprendimiento de la causa por el financiamiento ilegal de la campaña K en el 2007 a partir del descubrimiento de que Sebastián Forza, una de las víctimas del Triple Crimen de General Rodríguez o Triple Crimen de la efedrina, había aportado 200 mil pesos a la campaña, aunque estaba en quiebra, lo que se investiga en el fuero electoral. La reacción de Cristina a este escándalo fue prohibir el aporte de empresas a las campañas, que recién se restituyó este año pero con limitaciones.

En su pedido de elevación a juicio para que se dicte sentencia, el fiscal Picardi recordó que por lo menos 886 mil pesos de aquella época no pudieron ser justificados por sus donantes debido a que tenían bajos ingresos o cuentas con saldo negativo. Por ejemplo, "Carlos Horacio Torres, como presidente de la firma Multipharma S.A., entregó cuatro cheques (a la campaña K), para el cobro los días 22 de octubre de 2007 y 4 de enero de 2008, por la suma total de $376.000, a la mencionada campaña". Por su parte, "Gabriel Alejandro Brito, como presidente de la firma Global Pharmacy Service S.A., entregó cuatro cheques, para el cobro los días 31 de octubre, 1, 2 y 5 de noviembre de 2007, por la suma total de $310.000".

Capaccioli y Sebastián Gramajo -apoderado político de la campaña de entonces- "recibieron, administraron y pusieron en circulación la suma de $886.000, proveniente de la entrega en concepto de aporte que efectuaran las firmas Multipharma S.A., Global Pharmacy Service S.A. y Seacamp S.A. -$200.000 a través de Sebastián Forza- entre octubre de 2007 y enero de 2008", agregó el fiscal.

A su vez, se tiene acreditado que tanto "Capaccioli -en su doble función de Superintendente de Servicios de Salud y miembro de la Mesa Ejecutiva Nacional del Frente Para la Victoria-, como Sebastián Gramajo -en su carácter de responsable político de la campaña-, fueron quienes recibieron, administraron y pusieron en circulación el dinero de las empresas mencionadas, en concepto de aporte, y con total conocimiento sobre la procedencia ilegítima y de la maniobra en la que participaban".

La campaña K del 2007 recibió 104 empresas aportantes, 28 de ellas se encontraban relacionadas con el rubro salud o medicina, y representaban el 35.4% del total de dinero recaudado.

En la Superintendencia de Salud, "Capaccioli tenía entre otras funciones, toda la organización y el dictado de la reglamentación de los proveedores y prestadores de servicio de salud, lo cual lo colocaba en una posición de poder frente a aquellos", agregó Picardi.

Por otra parte, el vínculo entre Capaccioli y Néstor Lorenzo -otro dueño de droguerías que fue procesado en la causa de la mafia de los medicamentos- se acreditó "a través de las 45 llamadas que surge del entrecruzamiento de llamadas del celular perteneciente al primero".

De tal modo, "la función de Capaccioli como coordinador de la maniobra quedó también demostrada en virtud de que los aportes se efectuaron directamente en su oficina, como fue el caso de Néstor Lorenzo, como así también las ratificaciones de los aportes realizados que fueron requeridas por la Cámara Nacional Electoral, que se habrían efectuado allí mismo, en la antesala de su oficina en la Superintendencia de Servicios de Salud".

 En su indagatoria, Torres explicó que hizo la donación porque tenía "a intención de que siguiera el gobierno porque estábamos desarrollando un proyecto con la República de Venezuela del cual hay una carta de decisión firmada entre el Gobierno de Venezuela, Droguería San Javier, y el Inti. Era un proyecto de desarrollo de una planta de biotecnología" que finalmente no se concretó.

Al ser preguntado acerca de la situación económica de su empresa por el año 2007, Torres admitió "Multipharma no tenía giro propio, cedía el uso de su cuenta a Droguería San Javier (de Lorenzo), salvo algunas utilidades por el uso de la cuenta".

En el 2016, Lijo había dispuesto el procesamiento de Capaccioli, Sebastián Gramajo (ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires y responsable político de la alianza electoral), Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone (viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez). Bellone y Lorenzo finalmente quedaron desvinculados de esta causa.

En tal sentido, el juez sostuvo que se verificó que Multipharma, Seacamp y Global Pharmacy "no contaban con capacidad económica suficiente para hacer frente a los aportes electorales que aquí se registraron, las sumas aportadas no guardaban similitud con los parámetros de dinero que manejaban, y además no poseían registros contables de los correspondientes aportes realizados".

El juez explicó que en la misma fecha en la que era presentado el cheque con la donación "para su cobro en el banco interviniente se cubría el monto necesario con depósitos de dinero en efectivo por caja. Incluso recalcó que había cuentas bancarias que hasta ese momento presentaban saldo negativo". Analizó que la forma "en la que era realizados los depósitos permitió que no quedara rastro de quién fue el que efectuó el correspondiente aporte, puesto que la normativa bancaria no contemplaba la individualización del depositante y, de tal modo, el aportante se volvía anónimo".

Sin embargo, el juez destacó que también existían otras pruebas que vinculaban a algunos de los procesados con otros grupos delictivos. Así las cosas, sostuvo que "se advirtieron indicios de que el dinero pudo haber provenido de carteles de droga de México". En ese orden, mencionó que el propio Forza indicó oportunamente que el dinero que aportó su empresa "era plata del narcotráfico, más precisamente de los carteles de México".

Al respecto, sostuvo que través de los elementos colectados se estableció que "Torres, Lorenzo y Forza habitualmente transitaban por las cooperativas (o entidades financieras irregulares) donde iban a cambiar sus cheques para la obtención de dinero. En ese ámbito se relacionaban y conocían muchos empresarios que -conforme fuera comprobado en el marco del expediente del "Triple Crimen"- se encontrarían vinculados al tráfico de efedrina, como lo eran Ibar Pérez Corradi, Luis Marcelo Tarzia, Ariel Vilán, entre otros". Concluyó el juez Lijo, en base a lo expuesto, que "una de las hipótesis es que el dinero aportado en la campaña haya provenido del tráfico de efedrina".

La denuncia de lavado contra Capaccioli, que adelantó Clarín ya en el año 2008, fue realizada por los dirigentes de la Coalición Cívica-ARI Fernando Sánchez y Sebastián Cinquerrui.
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