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Opinión

La energía como derecho humano y bien común

07/02/2019 12:51 hs
El derecho a una vida digna es, entre otros, uno de los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita en 1948 por la mayoría de los países del mundo
@GuillermoWhpei


El derecho a una vida digna es, entre otros, uno de los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita en 1948 por la mayoría de los países del mundo. Y esa dignidad allí proclamada implica, entre otras muchas cosas, el derecho a vivir en condiciones que permita a las personas desarrollarse con plenitud.

La ONU ha reconocido a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) como derechos humanos, pues hacen a la vida misma. Sin alimentación, vivienda, educación, salud y agua potable no es posible la dignidad humana, es decir: los derechos de las personas están anulados.


La vida digna es aquella que se vive en libertad, trabajando y recibiendo una retribución en relación con la labor que desarrollamos; y entre tantos otros atributos que implican una vida digna está el vivir en una vivienda adecuada capaz de satisfacer las necesidades básicas que tenemos los seres humanos: dormir cómodamente y al amparo de las acechanzas climáticas, alimentarnos saludablemente, poder acceder a la salud y disfrutar del ocio. Es decir, una vida digna, tal como lo expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluye el acceso al agua, a la luz, a los servicios que hacen a la posibilidad y al derecho de desarrollarnos como verdaderos seres humanos.


Cuando hace pocas horas atrás el ex ministro Juan José Aranguren expresó que el acceso a la energía no es un derecho humano, no hizo otra cosa que ignorar no solo un deber fundamental que le corresponde al Estado para con los ciudadanos -el de garantizar su bienestar- sino también burlarse del desamparo y la extrema necesidad que padecen millones de personas que en nuestro país no acceden -o acceden malamente- a los servicios más elementales.


En tal sentido, la energía eléctrica es la base de derechos básicos como acceso al agua potable, alimentación adecuada, salud, vivienda digna y educación. Además de derecho humano, la energía es un bien común. Así, por medio de la energía conservamos alimentos y medicinas; se brindan servicios de seguridad y de telecomunicaciones; nos higienizamos y esterilizamos herramientas de salud; etcétera.

La energía también facilita nuestro bienestar social e individual. Como fuerza productiva, la energía mueve a la industria y a la economía en su conjunto. Y también cumple una función social: ¿acaso la energía en épocas de calor y de frío no acondiciona hospitales y escuelas? ¿Qué ocurriría si, rigiéndonos por la maximización de la ganancia empresarial, dejásemos hospitales y escuelas sin energía? ¿No sería un problema social el analfabetismo y la enfermedad?


La energía es un derecho humano porque por medio de ella las personas pueden tener una mejor calidad de vida, lo que otorga un piso de igualdad y dignidad humana. Lejos de restringir el acceso a la energía, los gobiernos deben generar políticas públicas para posibilitar que la misma llegue a toda la población.

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