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Desde hoy, todos los celulares robados no funcionarán en ninguna red del país

28/08/2018 08:21 hs
Cuando se pretenda cambiar la tarjeta SIM de uno de estos dispositivos, el sistema se bloqueará y no se podrá conectar más a una red móvil.

A partir de hoy, todos los celulares que sean denunciados como perdidos, robados o falsificados serán bloqueados y no podrán funcionar con ninguna red móvil del país. La medida forma parte de un plan integral que incluye inspecciones en galerías comerciales, la recuperación de equipos sustraídos e incluso controles a aparatos personales en la vía pública, en "zonas calientes" de la ciudad, a cargo de brigadas especializadas.


Se calcula que más de dos millones de teléfonos adulterados se darán de baja gradualmente; cuando se pretenda cambiar la tarjeta SIM de uno de estos dispositivos de la "lista negra", el sistema se bloqueará y no se podrá conectar más a una red móvil. Según los expertos, se darán de baja a un promedio de 4000 celulares por día. En los últimos cuatro meses la División de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, que encabezó los primeros operativos, detuvo a 90 personas en las inspecciones: el 95% son extranjeros; entre ellos, casi el 67% son peruanos.


Más de 2500 millones de personas en todo el mundo usan smartphones. En la Argentina son 23,34 millones de personas, más de la mitad de la población. Con tantos dispositivos que valen cientos de dólares, el robo de teléfonos que alimenta el mercado negro ha crecido considerablemente en los últimos años. Para abordar este problema -económico, pero, especialmente, de seguridad pública- se darán de baja todos los celulares con un IMEI (el número de serie único de cada aparato) que sea "inválido".


"Se busca desmantelar las mafias que están detrás del robo de celulares y que generalmente conviven con los motochorros. No vamos a permitir la comercialización de teléfonos celulares robados en la Ciudad y vamos a seguir desbaratando estas cuevas de comercio ilegal todas las veces que sea necesario", dijo al diario La Nación el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo.


Se trata de una iniciativa en conjunto con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) porteñas y la Dirección Nacional de Migraciones. Con un promedio de seis clausuras por semana de comercios dedicados a la venta de teléfonos usados se busca impedir el uso, la comercialización, importación y exportación de este tipo de dispositivos obtenidos en maniobras delictivas o fraudulentas.


"A partir de un decreto del Enacom, tras gestiones con las prestadoras, si un smartphone es robado y su IMEI fue adulterado se lo dará de baja y no se podrá usar ni vender. Es una medida importante porque, para nosotros, todos los teléfonos robados están manchados de sangre, porque las circunstancias de la sustracción son, en general, violentas", contó a LA NACIÓN el jefe de la División de Cibercrimen, Carlos Gabriel Rojas.


Consultas de IMEI


En 2017 fueron robados casi 4000 dispositivos por día, según informó la Asociación GSM (o GSMA, una organización de operadores móviles y compañías relacionadas) a principios de año. Todo aquel que haya adquirido un teléfono celular usado puede ingresar el número de IMEI en www.enacom.gob.ar/imei para verificar que no esté bloqueado.


"Hoy estamos desincentivando el robo y la adulteración de celulares, porque de esta manera los delincuentes no van a tener el mercado para colocarlos y dejará de ser una ganancia venderlos", precisó el oficial Rojas.


De los 460 smartphones recuperados durante los recientes operativos realizados en galerías y paseos de compra de Liniers, Once, Constitución, Pompeya, Retiro y el microcentro, se encontró que varios provenían de Brasil, Chile y los Estados Unidos. El personal del Enacom chequea en el lugar el número de IMEI de los equipos contra una base de datos mundial y así detecta los que figuran como robados.


En mayo pasado comenzaron los controles a celulares personales en la vía pública. La iniciativa está a cargo de brigadas especializadas y entrenadas de la Policía porteña que no harán controles al azar, sino que trabajan con un mapa del delito en lugares que son problemáticos.


Ya hubo dos detenidos, ambos de origen peruano. De los 90 detenidos en los últimos cuatro meses por incumplimiento de la ley de comunicaciones y encubrimiento, 75 son peruanos -la mayoría, con 66-, venezolanos y colombianos.


La lista negra


La GSMA cuenta con la base de datos más grande a nivel mundial sobre todos aquellos teléfonos cuyo número de IMEI fue denunciado como robado o extraviado. Esta Asociación es la que le informa los datos al Enacom para evitar que los aparatos vuelvan a ser activados en alguna de las redes de las empresas de telefonía. A nivel mundial, 122 operadores de 44 países aportan información de los teléfonos robados y extraviados a la "lista negra". En América latina participan 52 operadores de 18 países.


"La realidad es que los fabricantes no tienen ningún incentivo ni obligación para mejorar sus dispositivos y hacer que sea difícil adulterar el IMEI porque la presión regulatoria está sobre los operadores", sugirió Lucas Gallitto, director de Políticas Públicas para América latina de la GSMA.


Para Gallitto, algunas compañías tienen teléfonos que son fácilmente adulterables por medio de un software genérico que puede costar 20 dólares y requiere solo de una PC. Otras, como Apple, tienen dispositivos que requieren de un programa que puede costar hasta US$ 10.000 y necesitar de un mainframe (una computadora grande, potente y costosa) para poder cambiar el IMEI.


"No es negocio robar un iPhone X para adulterarlo, pero el incentivo de los delincuentes está en el valor de las partes, en especial la pantalla y la batería de estos aparatos de alta gama, además de en los datos personales, que son un 'activo' que se ofrece y se vende en el 'mercado negro'", continuó Gallitto.


Un proyecto de ley en la Legislatura porteña, presentado por el diputado Ariel Álvarez Palma (Vamos Juntos-PRO), busca combatir el comercio ilegal de celulares regulando aspectos relativos a la compra, venta y reparación de los teléfonos, sus repuestos y sus partes a través de un registro online. La AGC tendrá a su cargo verificar que los locales que comercializan y reparan equipos celulares cumplan con ese registro.


En caso contrario, recibirán multas que irán desde $7800 hasta $650.000, además de sufrir el secuestro de todo el material ilegal.


(Fuente: La Nación)

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