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Los documentos que prueban que el submarino ARA San Juan no había sido inspeccionado antes de zarpar

25/03/2018 07:54 hs
No debió de haber salido a navegar el 25 de octubre al no haberse realizado los controles exigidos por la Inspección General de la Armada.

El ARA San Juan no tenía que salir a navegar el 25 de octubre de 2017 porque no le realizaron, como estaba previsto, la "inspección de seguridad" ordenada por la Inspección General de la Armada (ISGA). Así se revela en documentos irrefutables que se agregaron a la causa que investiga la desaparición del submarino, a cargo de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez.


Ese día zarpó de la Base Naval de Mar del Plata con 46 tripulantes -dos se bajaron en Ushuaia- y no regresó.

El 15 de noviembre de ese año, a las a las seis de la mañana, el encargado de las comunicaciones del buque de guerra reportó: "Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N°3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barra de baterías. Baterías de proa fuera de servicio al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado".


El mensaje cifrado y secreto tenía como destinatario al Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), a cargo del capitán de navío Claudio Villamide, y el oficial inmediato superior del comandante del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández.


Casi tres horas después, a las 8:52, el Comando de la Fuerza de Submarinos retransmite al Comando de Adiestramiento y Alistamiento (COAA), a cargo del contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, superior de Villamide, el mensaje.


Un documento relevante


Ese mismo día, el 15 de noviembre, cuando el submarino ya había recibido la orden de cambiar de rumbo y dirigirse hacia la Base Naval de Mar del Plata por los ingresos de agua de mar por el snorkel, ocurridos el 14, que llegó hasta el sistema de ventilación de las baterías de proa y provocó el cortocircuito y principio de incendió, el capitán Villamide firmó un "MENSAJE NAVAL SECRETO", en el cual reconocía que había pospuesto para diciembre la inspección de seguridad que le debía realizar al ARA San Juan, después de la navegación que había mantenido entre el 1º y 19 de julio de ese mismo 2017, y en la cual también el comandante Fernández ya había reportado problemas en las baterías e ingreso de agua por el snorkel.


Los textuales términos militares volcados por Villamide en el documento aportado a la causa por la propia Armada Argentina son los siguientes: "Por razones operativas pospuesta inspección Administrativa y de Seguridad para primer quincena de diciembre de 2017" (ver documento).



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El "MENSAJE NAVAL", publicado por Infobae, está fechado el dramático 15 de noviembre, a las 08:13 de la mañana, es decir, 39 minutos antes que Villamide le comunique a su superior, López Mazzeo, sobre el principio de incendio que había ocurrido en el interior del ARA San Juan.


El reporte, como corresponde, había sido dirigido a la Inspección General de la Armada, que en el mensaje figura con las siglas "ISGA". Ese organismo había ordenado al Comando de Fuerzas de Submarinos (y a todos los Comandos de la Marina) que se realizasen inspecciones "Administrativas y de Seguridad" en el ARA San Juan. El jefe del área -aún hoy lo sigue siendo- es el contralmirante Eduardo Alfredo Pérez Bacchi. Este oficial había reemplazado meses antes al contraalmirante Guillermo Luis Lezana. ¿Por qué razón el capitán Villamide, el mismo día que desaparece el ARA San Juan, informa que no le había realizado la "inspección de seguridad" programada al submarino y no lo hizo antes? 


O lo que es peor, ¿por qué motivos decidió que era más importante que el buque de guerra, entre otras actividades, desarrolle las "tareas de control de mar", según la orden "1/17 'C'", que el mismo Villamide había dispuesto, y que aprobó su superior, López Mazzeo, antes que resguardar la integridad de los tripulantes y del navío?


Las preguntas aún no tienen respuesta. Pero quizás los oficiales se la podrán responder a la jueza Yañez cuando ésta los llame a declarar. Los dos inspectores generales de la Armada ya comparecieron ante la magistrada como testigos, y complicaron con sus dichos tanto al jefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), como al también ahora ex responsable del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS).


Sostuvieron que el ARA San Juan zarpó de la Base Naval de Mar del Plata estando en vigencia la disposición "N°1/15", de la Inspección General de la Armada, en la que se le ordena al comandante de la Fuerza de Submarinos, es decir Villamide, a efectuar "inspecciones Administrativas y de Seguridad" tanto al submarino ahora desaparecido como al ARA Salta.


Por tal motivo, el mismo Villamide dictó la orden transitoria N°7/17 "R" que en los "considerandos" se destaca que existe la "necesidad de ejercer una adecuada supervisión de la acción de los comandos dependientes" y la "necesidad de identificar los problemas existentes con la mayor antelación posible para procurar su pronta solución".


Por esa razón, en el primer punto, el mismo Comando de la Fuerza de Submarinos (léase Villamide) "ORDENA" efectuar inspecciones Administrativas de Seguridad y de Control Interno a los comandos dependientes "durante el presente año"; resulta totalmente extraño y contradictorio que la autoridad que emanó esa orden es la misma autoridad responsable que no se la ejecutó.


La nota firmada por el jefe del Comando de la Fuerza de Submarinos está fechada el 26 de septiembre de 2017. Es decir, 34 días antes de que el ARA San Juan pusiese proa a su misión.


Auditores ante la jueza


En su exposición ante la jueza, y ante la presencia del abogado de la querella, Luis Tagliaprieta, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliaprieta, uno de los 44 desaparecidos, los inspectores generales de la Armada, tanto Pérez Bacchi como Lezana, mantuvieron sus dictámenes sobre los "hallazgos" en el submarino que debían ser solucionados cuanto antes.


Lezana, quien firmó la auditoría de 2016 en la que se hallaron principales inconvenientes en el San Juan y que no habían sido reparados antes de las navegaciones de julio y octubre, destacó que las supervisiones a la Flota de Mar no son antojadizas, que corresponden al "plan anual de inspecciones" aprobadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), y que el propio ministerio de Defensa, Oscar Aguad, "tiene una  Comisión Permanente de Planificación y Coordinaciones de Actividades de Control Interno del Ministerio de Defensa, presidida por el Jefe de Gabinete de Ministros, al cual también se eleva el Plan anual de inspecciones".


En pocas palabras, que en el ministerio de Defensa también conocían el estado de situación del malogrado buque, en el estado que salía a realizar sus operaciones, y que no se había cumplido con las inspecciones que debería haber realizado el Comando de la Fuerza de Submarinos.


Fue el sumario Interno de la Auditoría General de la Armada, ordenada por el mismo Aguad para encontrar a los presuntos responsables de la tragedia del San Juan, el que determinó que, hasta que quede firme la investigación de la propia Marina, Villamide y López Mazzeo, fueran separados sus cargos por, "arriesgar la integridad física de sus subordinados, sin necesidad evidente, y por actuar con negligencia/imprudencia notoria y grave al no impedir que el Submarino ARA San Juan navegase con posterioridad a la severas anomalías detectadas -tanto en la inspección N°10/16 'S'; como en la previa navegación del SUSJ para 'Control de Mar' efectuada entre los días 1 y 19 de julio de 2017, circunstancias conocidas por los involucrados- y no superadas, sin evidenciarse medidas de control y supervisión ante el eventual peligro para la tripulación y la Unidad Naval, causando además, presumiblemente, por esa falta de control y supervisión de ambas autoridades navales, la pérdida de contacto definitiva con el Submarino ARA San Juan".


Cada una de estas irregularidades quedó plasmada ante el juzgado de la jueza Yañez, aunque en este momento la Armada y el ministerio de Defensa, analizan si la medida disciplinaria contra López Mazzeo y Villamide queda efectiva -como pide la querella- o no, como aspira el ministro Aguad, según sus propias palabras.


(Fuente: Infobae)

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