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Antequera les cobraba "peaje" a ladrones para que roben dentro de La Salada

12/08/2017 08:33 hs
La Justicia cree que el dueño de 15 mil puestos de la feria de Lomas de Zamora, tenía su propia empresa de seguridad.

La asociación ilícita por la que se lo acusa a Enrique "Quique" Antequera, el otro Rey de La Salada, detenido el jueves por la noche, incluye delitos de todo tipo, desde homicidios hasta privación ilegal de la libertad. Pero el capítulo del expediente que más llama la atención de los investigadores es el "ejército" paralelo que formó con barras de Boca y que controlaba la seguridad en la Feria; al punto que, según se desprende de la investigación, cobraba "peajes" a ladrones y mecheras para robar dentro del predio.

 

Después de 30 allanamientos en el Conurbano y Capital, Antequera fue apresado bajo la sospecha de ser autor de los delitos de "asociación ilícita y coacciones agravadas por el empleo de armas y con el propósito de compeler a las víctimas a hacer abandono de su lugar de trabajo dentro de la feria Urkupiña". Se trata de una causa que no está relacionada directamente con la causa del otro "monarca" de La Salada, Jorge Castillo.

 

Según la investigación del fiscal Sebastián Scalera, Antequera había armado una empresa de seguridad privada que obedecía pura y exclusivamente a él y que funcionaba bajo un plan delictivo. En la causa figuran casos en los que se da cuenta de la privación de la libertad contra "mecheras" y "pungas" de distintos sexos y edades, de acuerdo a infobae.

 

"Las retenían en las instalaciones de Urkupiña en contra de sus voluntades, les ponían precintos en su brazos y las obligaban a soportar golpes de cualquier tipo, hasta que las liberaban", explicó una importante fuente judicial a Infobae, quien además remarcó que esta empresa cobraba "peajes" a este tipo de ladrones a cambio de los cuales los habilitaban a robar. "La empresa de seguridad que comandaba Antequera no solo se encargaba de mantener el orden contra los robos a través de fuerza de choque, sino también autorizaba a personas, previos pagos, a realizar los robos", agregó la fuente.


El segundo en la línea de mando de la empresa delictiva era Marcelo Fabián Aravena, un referente de la barrabrava de Boca. Este ejército, a través del apriete y el uso de armas, está acusado por Scalera de apropiarse de espacios en las calles de alrededor de la feria e instalar puestos clandestinos en el espacio público. La banda de Antequear, según la investigación, alquilaba estos puestos ilegales a cambio de entre 300 y 800 pesos por día, sin contar el cobro por limpieza y seguridad. Además, recaudaban por el estacionamiento en los alrededores, que era manejado por barras de Boca del grupo de Lomas de Zamora.

 

"Todas esas actividades las realizaban mediante intimidación de armas de fuego. Aparte se pudo acreditar que en la feria en cuestión funcionaba una fuerzas parapolicial, que castigaba con golpes y con armas a quienes ellos mismos sindicaban como feriantes que no pagaban", explicó la fuente a este medio.

 

La empresa de seguridad, cuya sede estaba montada dentro del predio, usaba con handies, y tenía sus propios "patrulleros" con motos y camionetas. Los "vigilantes" eran casi todos integrantes de barras de Boca, River, Los Andes, Dock Sud y San Telmo y se repartían tareas: mientras un grupo se encargaba de cobrar a puesteros, otro grupo armado empleaba la violencia física para lograr sus objetivos.


"Cuando se detectaba alguno que estaba robando en el predio, los vigiladores llamaban a un supervisor de la empresa privada, que respondía a sus administradores, luego se ponía precinto en las manos a estas personas, y los llevaba a una oficina denominada AA 'Atención al Cliente'. Ahí se les sacaba las zapatillas, se los emprecintaba, le sustraían sus cosas de valor, ya sea dinero, celulares, los tenían encerrados por horas, y le pegaban. Incluso se llevaban a menores de edad", es uno de los testimonios que figura en la causa, a los que tuvo acceso Infobae.

 

En los allanamientos, ordenados por el juez Gabriel Vitale, se descubrió que en esa oficina "AA" había una carpeta que contenía fotos y datos personales de las supuestas mecheros para que los vigiladores pudieran reconocerlos en los ingresos al predio.

 

Los vigiladores que circulaban en la calle y los que estaban en las camionetas utilizaban armas de fuego para amedrentar. En general eran escopetas y pistolas. Además de barras la "empresa" de seguridad privada de Antequera estaba integrada también por ex policiales (actualmente exonerados), militares y personal del Servicio Penitenciario, entre otros.


Una de las víctimas de esas prácticas declaró en la causa que "una persona de seguridad del lugar acusó a otra de haber robado, la llevaron a un cuarto, la hicieron desvestir para ver si tenía los elementos robados, humillándola, pero cuando se dieron cuenta que ella no había sido la responsable del robo, ni siquiera le pidieron disculpas". También contó que allí todos los puesteros saben que la administración tiene relación con la Policía bonaerense, sobre todo de la comisaría de Puente La Noria.

 

Pero el aspecto de la seguridad privada no es el único por el que se investiga a Antequera. Homicidios, secuestros extorsivos, robos, coaccciones en todo el predio de La Salada, son algunos de los delitos. La tentativa de homicidio, donde se vincula "la banda de Boca" y del que resultó victima Claudio Marcelo Aquino, habría tenido que ver con una disputa por los puestos de la zona. También, por las mismas razones, se investiga el asesinato de Pablo Leandro Zárate y de su hermano José Carlos "Luchini" Zárate, quien apareció muerto dentro de su auto en la localidad de Banfield.


Además de Antequera, Vitale ordenó la detención de los barras de Boca Marcelo Aravena y Santiago Vélez Robles, del agente de la Policía Federal retirado Luis Nelson Avalos, y de Roberto Ríos y Edwin Saravia Rodríguez. Los dos últimos serían "socios comerciales" de Antequera, según contó la ministra de seguridad nacional Patricia Bullrich.

 

Durante los allanamientos se secuestraron tres pistolas calibre 9 milímetros, tres escopetas calibre 12/70, municiones de diferentes calibres, 15 teléfonos celulares, 35.000 pesos en efectivo, computadoras y documentación.

 

"En los puestos pasa de todo. La venta formal e informal es apenas un 40% del negocio que se mueve, y que incluye trata de personas, venta de drogas, de armas, trapitos y hasta usurpación de viviendas. Donde te metas vas a encontrar mugre, y no sólo en el territorio de Castillo. Toda La Salada está sucia", sintetizó alguien que conoce muy bien el territorio político y judicial de Lomas de Zamora. El entramado delictivo, aseguran, está sostenido por la connivencia entre sectores de la política, la Justicia y la Policía.

 

Meses atrás, la diputada Elisa Carrió denunció manejos como mínimo irregulares en el mundo de La Salada. "Es la zona más conflictiva, pero al mismo tiempo puede decirse que la más codiciada. Codicia directamente vinculada a la 'Caja negra': permisos de funcionamiento a puestos ilegales, narcotráfico y la piratería del asfalto", remarcó la legisladora, quien, pese a pertenecer a Cambiemos, no omitió el posible vínculo del intendente de Lanús, Néstor Grindetti (ex ministro de Mauricio Macri en la Ciudad), y parte de su Gabinete, con los manejos policiales en la zona.

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