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Acusan al juez federal Luis Rodríguez de cobrar una coima para frenar la causa de Daniel Muñoz

07/02/2019 19:40 hs
Carolina Pochetti, viuda del ex secretario de Néstor Kirchner, aseguró haberle pagado una suma de varios millones de dólares al magistrado federal

Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, aseguró como arrepentida que pagó dinero, vía su abogado, para que el juez federal Luis Rodríguez frenara la investigación sobre más de 70 millones de dólares que movió el ex secretario de Néstor Kirchner y sus testaferros hacia el exterior, según confirmaron fuentes judiciales.

Pochetti, viuda de Muñoz, hizo estas revelaciones en el marco de su declaración como arrepentida en la causa de los cuadernos hace varias semanas ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, y ante el juez Claudio Bonadio. La mujer aseguró que le entregó dinero a su entonces abogado defensor, Miguel Angel Plo, quien le garantizó con esa plata que el juez dejaba tranquilo el expediente. Plo está hoy detenido e imputado por haber colaborado en la disolución de sociedades y venta de las 16 propiedades de Miami y Nueva York. Fue para evitar que la fortuna fuera descubierta por las autoridades. Según cuenta Infobae, la mujer habló de una suma de varios millones de dólares.

El dato es clave: Stornelli había pedido en septiembre pasado las indagatorias, detenciones y el congelamiento de cuentas de Pochetti y un grupo de personas que aparecían detrás del lavado de dinero de Muñoz. La causa nació en 2013 como un enriquecimiento ilícito y terminó en sobreseimiento para Muñoz y su esposa. Sin embargo, fue reactivada con informe de la UIF luego del escándalo de Panamá Papers.


Pese al pedido de Stornelli y las pruebas aportadas pidiendo inmobilizar los activos, el peligro de entorpecimiento y los riesgos de una posible fuga, Rodriguez rechazó la detenciones y les otorgó la libertad a todos los implicados.

El que ordenó los arrestos fue Bonadio en octubre pasado. Fue cuando los acusó a Pochetti y compañía de integrar la asociación ilícita que lideró -presuntamente- Cristina Kirchner, luego de que varios testigos y arrepentidos aseguraran que le entrebaban dinero a Daniel Muñoz.

En ese momento, Bonadio le pidió a Rodríguez que le remitiera su investigación, algo que ese juez rechazó.

Se generó entonces un tironeo y la Cámara Federal terminó a apartando a Rodríguez por haber concedido -sin valorar toda la prueba ofrecida por la Fiscalía- las eximiciones de prisión para la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, y otras cinco personas que aparecen dentro de la presunta estructura jurídica y societaria armada para lavar dinero (https://www.infobae.com/politica/2018/10/31/apartaron-al-juez-luis-rodriguez-de-la-causa-contra-daniel-munoz-por-lavado-de-dinero/) Aunque por sorteo el caso fue al juzgado de Daniel Rafecas, finalmente terminó en el juzgado de Bonadio.

"Lilita" puso en la mira a Rodriguez

Juez federal desde 2004 y un pasado en el fuero de instrucción, Rodríguez es el juez que, en un primer momento, se negó a detener al ex ministro de Planificación Julio De Vido por la causa Río Turbio. Fue la Cámara Federal la que impulsó su detención en octubre de 2017. Curiosamente, también fue Stornelli el que dio aquella batalla y terminó ganándola.

Ahora, Rodríguez vuelve a enfrentar los cuestionamientos por su intervención en la investigación por los bienes que habría lavado Muñoz y su circulo íntimo por más de 70 millones de dólares.

La diputada Elisa Carrió lo puso en la mira por su intervención en la causa de Muñoz: dos legisladores de su equipo pidieron ante el Consejo de la Magistratura su juicio político. Los diputados Paula Oliveto Lago y Juan Manuel López lo acusaron de "mal desempeño" juez Rodríguez. Se solicitó que "se disponga la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, se ordene su suspensión en el ejercicio del cargo que desempeña y se formule la acusación correspondiente. También reclamaron "la oportuna destitución del acusado". Hablaron de "actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones", "la negligencia grave en el ejercicio del cargo" y el "desconocimiento inexcusable del derecho".

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