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Tras la declaración de Wagner, detuvieron a Lascurain y buscan a dos funcionarios K

11/08/2018 07:38 hs
Bonadío dispuso detener al hombre que manejó los peajes y la relación con Venezuela y al ex secretario privado de De Vido.

El juez federal Claudio Bonadio ordenó este viernes detener al ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) del kirchnerismo Claudio Uberti, en la causa de los cuadernos de las coimas. El magistrado tomó esa decisión debido a los datos que aportó la confesión del ex presidente de la cámara de la construcción, Carlos Wagner, informaron fuentes judiciales a Clarín.

 

Efectivos de la Policía Federal allanaron una casa de Uberti en la Capital Federal pero el ex encargado de la relación con Venezuela no estaría en el país. Además, dispuso detener al ex secretario privado de De Vido y ex miembro de la AFI, José María Olasagasti. Ambos fueron nombrados por Wagner como quienes recibían las coimas por las obras.


En otras ordenes de arresto que efectivamente se cumplimentaron, dispuso el arresto del ex titular de la UIA y de ADIMRA, Juan Carlos Lascurain, a quien había indagado el jueves. Y de otro empresario: Raúl Vertúa. En ambos caso peso también la confesión de Wagner. Y en los próximos días, el juez también dispondría otras detenciones en la medida que confirme los dichos del hombre que manejó del cartel de la obra pública en la época K.

 

Lascurain había sido detenido a principios de años por haber recibido un adelanto de una obra en Río Turbio que nunca empezó. En marzo,  el fiscal Carlos Stornelli había pedido la detención de Lascurain al juez federal Luis Rodriguez porque junto a otros "cobraron un anticipo de 50 millones de pesos" por una obra de 500 millones que nunca se inició.

 

El primer requerimiento de instrucción lo hizo el fiscal Guillermo Marijuan pero luego por conexidad con la causa madre de Río Turbio la tomó Stornelli, explicaron fuentes judiciales a Clarín. En su requerimiento, Stornelli dijo que se firmó en la época K un "convenio específico que tuvo por objeto la asistencia financiera por parte de YCRT a la Municipalidad, para la ejecución de la obra de readecuación de la avenida Y.C.F de la localidad de Río Turbio, de la provincia de Santa Cruz, en tanto que la obra programada nunca tuvo comienzo de ejecución, las obras de readecuación jamás se iniciaron, no obstante la firma adjudicataria recibió importantes desembolsos hacia fines del año 2015, sin contraprestación". A las 48, el juez Rodríguez excarceló a Lascurain.


En el 2012, la Justicia había sobreseído a Uberti, titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) durante el Gobierno de Néstor Kirchner, en la causa por el intento de ingreso ilegal de una valija con 800 mil dólares por parte del empresario venezolano Guido Antonini Wilson en 2007. Además, a Uberti se lo consideró como el jefe de la "embajada paralela" que funcionó en Venezuela al margen de la misión oficial que dirigía el embajador Eduardo Sadous.

 

La medida fue dispuesta por la sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico de esta capital, que consideró que la acusación estaba prescripta al modificarse la pena al delito imputado por una ley impulsada por el kirchnerismo. Inicialmente el delito que se le imputaba a Uberti era contrabando, pero ahora la Cámara consideró que el hecho se encuadraba como lavado de dinero.

 

El año pasado el Congreso reformó la ley antilavado por pedido del GAFI y eliminó la cláusula que agravaba la pena para ese delito si era cometida por un funcionario. Así a Uberti le habían correspondido sólo 3 años y ya la investigación llevaba 5.

 

Uberti estaba en este expediente con falta de mérito dictada por el juez Daniel Petrone, quien consideró que no se podía comprobar que el ex funcionario supiera qué llevaba Antonini Wilson en la maleta y, además, que el delito sospechado no era contrabando sino posible lavado de dinero. El abogado de Uberti es, Diego Pirota, el mismo del vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone y que integra el estudio de Darío Richarte, el ex número dos de la SIDE en el gobierno de la Alianza.


Cuando Petrone fue ascendido a camarista, la causa recayó en el juez Marcelo Aguinsky, quien, por el contrario, se opuso a la calificación de lavado de dinero, mantuvo el delito de contrabando -que tiene una pena más grave- y no quería el cierre del expediente.

 

El fallo de la Cámara que dispuso la prescripción del caso fue firmado por los jueces Nicanor Repetto y Roberto Hornos. En la resolución, los camaristas además criticaron a las autoridades de Estados Unidos por "no colaborar en la investigación, por no extraditar a Antonini Wilson, requerido por la Justicia argentina".

 

También cuestionaron a Venezuela por no extraditar al ex funcionario de la petrolera estatal de ese país PDVSA Diego Uzcátegui y a su hijo Daniel, que arribaron a Buenos Aires en el mismo avión que Uberti, Antonini Wilson y Exequiel Espinosa, titular de Enarsa.


La resolución también beneficiará al resto de los imputados en este expediente con el sobreseimiento, lo que significa el cierre de la causa con impunidad. El mismo destino ya había seguido las causas Skanska y la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia cometida durante el gobierno de Carlos Menem.

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