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Investigan a "El Gitano", que pasó de ser dueño del corralón de la Villa 31 a tener contratos con la Ciudad

05/03/2018 06:42 hs
Es un empresario llamado Oscar Remorino. En cuatro años multiplicó más de 7.000 veces su patrimonio. Tiene un avión privado.

Con edificaciones de materiales variados y caminos laberínticos y estrechos, el acceso a la Villa 31 por la calle 10 de la manzana 20 es también la puerta para llegar a una de las personas más poderosas del barrio: El Gitano. Se llama Oscar Remorino, es uno de los principales proveedores del Gobierno de la Ciudad en la zona y beneficiario de jugosos contratos. Dueño de la empresa de venta de materiales para la construcción CEMACO, Remorino es investigado por la Unidad de Información Financiera (UIF), que concluyó que "su patrimonio creció en cuatro años un 1.700%".

En la zona, nadie lo conoce como Remorino: para todos los vecinos de la Villa 31 es "El Gitano" y varios repiten "ya no vive acá, le fue mejor". Hoy es objeto de una investigación por lavado de dinero, evasión y defraudación. Es una figura indisociable de la expansión del barrio que hoy alberga a más de 40.000 familias.


Como una línea divisoria tajante, el comienzo de la calle 10 para ingresar al barrio deja el camino de tierra y da la bienvenida con el asfalto. La mayoría de las calles pavimentadas en la zona fueron obras adjudicadas a El Gitano.


En ese acceso, a mano izquierda y con una puerta blanca de chapa que se distingue de las demás, está la casa de Remorino. Es el domicilio fiscal que declara ante la AFIP para su firma CEMACO, una de las principales beneficiadas, según consignó la UIF, por los contratos del Gobierno de la Ciudad en la zona.


El corralón que se encontraba en la calle 10 ya no funciona como tal. Se desarmó después de que el Gobierno de la Ciudad bajo la conducción de Mauricio Macri, prohibió la venta ilegal de materiales para evitar que se siga edificando en el lugar. Sin embargo, según señaló un informe del organismo que conduce Mariano Federicci, el corralón "habría continuado con sus actividades marginales".


La principal actividad que declara Remorino es la de "venta al por menor de materiales para la construcción". Además, declara como actividad secundaria el "cultivo de yerba mate". Sólo registró siete empleados entre 2011 y 2015, el período de mayor crecimiento de su patrimonio.


Entre 2012 y 2016, CEMACO resultó adjudicataria de varias contrataciones y licitaciones públicas por servicios (relleno de calles, poda de árboles, mejoramiento de áreas verdes, entre otras). Percibió del Gobierno de la Ciudad $ 51 millones, según el informe de la UIF al que accedió Clarín.


En el Gobierno porteño confirmaron que "la empresa CEMACO presta servicios de mantenimiento en el Barrio 31". Entre los contratos que se le otorgaron, se encuentran "arreglos de baches, poda de árboles, arreglos en luminarias, destapes en la red cloacal y pluvial, limpieza de la tierra que se genera por obras y reparaciones, tanto de vecinos como de cooperativas del barrio".


"La forma de auditar que los trabajos se realicen es a través del Registro Único de Reclamos (RUR). Se trata de una herramienta a través de la cual los vecinos del Barrio 31 son atendidos por un operador para realizar su reclamo. Posterior a la llamada, se realiza un seguimiento para constatar que la demanda haya sido resuelta", indicó un comunicado del gobierno de la Ciudad.


Los fondos se depositaron en una caja de ahorro del Banco de la Ciudad y fueron "parcialmente retirados en efectivo, hubo extracciones entre 2012-2016 por $18 millones" y no se pudo establecer "la aplicación que tuvieron estos fondos". La UIF busca reconstruir esa ruta del dinero para "identificar a los verdaderos beneficiarios finales de los fondos".


"Remorino puso en circulación en el mercado significativas sumas de dinero cuya posible vinculación con una actividad ilícita (fraude al Estado, y/o evasión) no resulta posible descartar", indicó la UIF.


Para el organismo antilavado, las prestaciones de servicios al gobierno de la Ciudad para las Villas 31 y 31 bis "representaron un incremento en sus actividades como proveedor estatal". Los ingresos de CEMACO pasaron de $ 392.652 (2010) a $ 15,5 millones (2015). El patrimonio neto pasó, en tanto, de $ 162.445 a $ 5.631.340.


La UIF llegó a Remorino luego de que se emitieran una importante cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), uno de ellos fue por la compra de un avión en 2013 que recién incluyó en sus declaraciones juradas de bienes ante la AFIP dos años después. Entonces, El Gitano dijo que su avión con el que viajaba frecuentemente a Misiones, donde tiene un campo yerbatero y se construía una casa, valía sólo $ 160.000. La cifra resultó incongruente para el organismo fiscal, ya que en ese período se observó una transferencia hacia el vendedor por $ 2 millones.


Tras ese episodio, la lupa de la UIF se posó sobre el patrimonio de El Gitano. "Hubo un notable incremento en sus bienes, tanto lo declarado ante la AFIP como los bienes afectados a la firma. En 2011 sólo tenía $ 300.000, pero al finalizar el 2015 su patrimonio ascendía a $ 21.800.000: "un aumento del 7.100% en cuatro años", remarca el informe.


Remorino tiene un plazo fijo y bonos BONAR17 por $ 15 millones, dos propiedades en la provincia de Buenos Aires, el avión y una propiedad que compró en Misiones.


Los números no cierran para el proveedor de Cambiemos en la Ciudad. "Sus acreditaciones bancarias entre 2012-2014 no se condicen con las ventas", remarcan en la UIF. El organismo determinó que "los gastos operativos de CEMACO superaron copiosamente los gastos inherentes al negocio". El excedente generado fue superior a los $ 2 millones en 2015.


Además, en 2013 exteriorizó ingresos "por su explotación personal por $ 9.942.615 mientras que los gastos eran $ 9.790.184". Ante estos números se consultó a cinco proveedores sobre las transacciones con Remorino. Al menos dos de las firmas informaron "no haber operado" con El Gitano, a pesar de que se las involucraba en transacciones por $ 1.300.000.

 

Con todos estos datos, el organismo antilavado sospecha de fondos puestos en el mercado como resultado de algún ilícito, y según fuentes judiciales, "el lavado de activos no está descartado".

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