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Casación ordenó que la causa contra Cristóbal López por evasión quede en manos del juez federal Julián Ercolini

22/11/2017 12:33 hs
El máximo tribunal penal del país consideró que la investigación por la evasión de 8000 millones de pesos con la petrolera Oil es más que un mero delito tributario. La noticia es un revés para el titular del Grupo Indalo.

La Sala I de la Cámara de Casación resolvió que la causa contra Cristóbal López en la que se investiga un presunto fraude al Estado por la evasión de 8.000 millones de pesos a la AFIP, debe continuar en el fuero federal, a cargo del juez Julián Ercolini junto al fiscal Gerardo Pollicita. Los camaristas entendieron que no se trataba de un delito tributario y por lo cual, no debía radicarse en el fuero penal económico.

 

Después de casi un año, la Cámara de Casación se expidió sobre la causa donde Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa son investigados por no pagar, durante el último gobierno de Cristina Kirchner, el Impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC), que les retenían a todos los clientes de su petrolera Oil Combustibles. La deuda con el fisco llegó a 8.000 millones de pesos, sin embargo contabilizando intereses y punitorios la cifra supera los 10.000 millones de pesos.

 

Después que el juez Ercolini indagó a los involucrados en la causa se declaró incompetente, al considerar que se estaba frente a un delito tributario y por ende el expediente debía radicarse en el fuero Penal económico. A esta decisión se opusieron el fiscal Pollicita y la AFIP como denunciante y querellante.

 

La decisión de la Casación se da en medio de la discusión por la venta del Grupo Indalo. La inhibición general de bienes ordenada por Ercolini impide cualquier operación pese a que OP Investment se adjudicó la adquisición del 100% de las acciones del holding.

La noticia de hoy es un grave revés para Cristóbal López, quien esperaba que la causa quede en un juzgado penal económico. En ese fuero le hubiera sido posible enmarcar su deuda millonaria en algún plan de pago acordado con los acreedores, pese a que la AFIP ya anticipó que tampoco lo aceptaría porque considera que la evasión fue parte de una maniobra fraudulenta.

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