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FIFA-gate: los sobreprecios en el Fútbol para Todos que comprometen a Aníbal Fernández

16/11/2017 12:51 hs
Un fiscal pedirá su indagatoria y la prohibición de que salga del país. Es luego de que un arrepentido hablara de coimas millonarias para ex funcionarios.

Las confesiones de Alejandro Burzaco (ex gerente general de Torneos y Competencias) sobre el pago coimas millonarias y en dólares al ex titular de la AFA Julio Grondona y a algunos ex funcionarios K, adelantó los tiempos del fiscal Gerardo Pollicita, que investiga una suerte de pata local del FIFAgate. Tanto, que mañana presentará el pedido de indagatoria de los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina, y también de los responsables de las empresas que manejaban los derechos de transmisión de eventos futbolísticos, por los que el Estado pagó en dos años U$S 33.050.000 a la empresa "TyC International BV".


El delito que se les endilga es el de "defraudación al Estado". Además, el fiscal solicitará al juez Daniel Rafecas que ordene una inhibición general de bienes y prohibición de salida del paíssobre todos los imputados. Aníbal Fernández es investigado por su rol como ex jefe de ministros y, de acuerdo a la acusación judicial, por "obligar al Estado Nacional a adquirir en forma antojadiza los derechos" televisivos de eventos futbolísticos. 


Todo inició con una denuncia de la PROCELAC (la procuraduría anti lavado de dinero), donde se habla de irregularidades administrativas en los contratos firmados para adquirir derechos de ocho torneos futbolísticos, sobreprecios y violación a normativas para la elección de la empresa proveedora. El fiscal habla de "obligar abusivamente al Estado".


Según el dictamen que mañana le llegará a Rafecas, para que los contratos se celebren se realizaron resoluciones administrativas que se desprendieron de la Jefatura de Gabinete bajo la gestión de Fernández y Abal Medina. Todo, pese a que "no subsistía sobre el Estado Nacional obligación alguna de adquirir los derechos televisivos de los eventos futbolísticos". Para Pollicita, Fernández "obligó al Estado Nacional a adquirir en forma antojadiza los derechos en cuestión, excediendo claramente la normativa en la que fundaron su obtención".


En la totalidad de las contrataciones se "eximió a la empresa contratante de efectuar cualquier pago de impuestosrelacionados por la operación", algo que asumió el Estado Nacional pagando la carga impositiva correspondiente.


Fueron ocho los torneos y amistosos incluidos en el dictamen. El Gobierno acordó la compra a "Torneos y Competencias S.A." -y a otras empresas vinculadas a dicha sociedad- de los derechos televisivos de:

- Copa América (2011) por U$S 3.200.000

- Superclásico de las Américas (2011) U$S 1.200.000

- Amistoso Argentina-Brasil (2012) por U$S 450.000

- Superclásico de las Américas (2012) U$S 600.000

- Copa Mundial (2014) U$S 18.000.000

- Copa América (2015) U$S 8.000.000

- Sudamericano sub-20 (2013) U$S 600.000

- Copa Mundial Sub-20 (2013) U$S 1.000.000


La suma que el Estado fue "abusivamente obligado a pagar en un plazo menor a dos años" fue de U$S 33.050.000 a favor de la empresa "TyC International BV". El dinero se depositó en moneda extranjera en cuentas de entidades bancarias con sede los Países Bajos, "ello, a pesar de ser controlada por Torneos y Competencias con sede en nuestro país".


A Aníbal Fernández se le atribuyen una serie de irregularidades administrativas. Respecto a los amistosos de 2011 y 2012 donde se disputaron cinco partidos entre Argentina y Brasil, "hubo una violación al mecanismo de compra mediante subasta establecido" que había fijado la AFSCA.

Fue Fernández quien el 14 de septiembre de 2011 suscribió el contrato de adquisición de derechos del "Superclásico de las Américas 2011" a la empresa "TyC International".


Días antes de la contratación, TELEFE había adquirido por U$S 270.000 "idénticos derechos, lo que da cuenta que ya una señal de aire había garantizado para dicha extensión territorial la transmisión de aquel evento". Sin embargo, "Fernández no respetó el método de contratación mediante subasta que hubiera disminuido el precio, adquirió los derechos de televisación de los partidos amistosos para el país sin perjuicio que su transmisión en parte del territorio ya se encontraba asegurada por una señal de aire".


El Gobierno pagó U$S 1.200.000 por esos derechos"evidenciándose así un claro pago de sobreprecios", indicó Pollicita.


Respecto al Torneo Copa América 2011, la compra de los derechos televisivos los firmó el 24 de febrero de 2011, Fernández quien "obligó abusivamente al Estado Nacional al adquirir los derechos exclusivos de cuatro partidos y los derechos no exclusivos de ocho partidos del citado torneo por la suma de $3.200.000 que se pagaron a "TyC International", representada por ahora delator Alejandro Burzaco.


El contrato incluyó los derechos de transmisión de cuatro partidos en forma exclusiva y ocho en forma no exclusiva. La contratación "se hizo de manera irregular" y en el expediente "no existe constancia alguna que acredite la exclusividad de "TyC International" a los fines de comercializar los derechos en cuestión".


También, una operación similar ocurrió con otro amistoso de la Selección Nacional, donde Fernández "además de no respetar el método de contratación mediante subasta estipulado que sin duda hubiera disminuido el precio", adquirió los derechos de televisación de los amistosos "sin perjuicio que su transmisión en parte del territorio ya se encontraba asegurada por una señal de aire".


En este caso, había sido América TV quien había adquirido los mismos derechos televisivos. El Estado pagó U$S 600.000 mientras que América (para su transmisión en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires) abonó U$S 300.000, marcando el sobreprecio que los imputados forzaron al Estado Nacional a abonar en relación a la presente contratación".


Con la Copa América sucedió algo similar. En este caso fue Abal Medina quien firmó el convenio por los derechos de televisación. El Estado pagó U$S 8 millones, mientras que DirecTV U$S 3 millones y TeleRed U$S 2 millones.


La Justicia presume que los sobreprecios escondían posibles retornos para funcionarios. Coimas.


(Fuente: Clarín)

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