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Pedirán la indagatoria de Gils Carbó por la compra irregular de un edificio valuado en $ 43 millones

10/07/2017 20:30 hs
Un fiscal requerirá este martes la declaración de la jefa de fiscales, quien advirtió que no piensa irse.
El fiscal federal Eduaro Taiano decidió solicitar este lunes la declaración indagatoria de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, acción que concretará el martes, en el marco la causa en que investiga la compra de un edificio para la Procuración, valuada en 43,8 millones de pesos, es decir, unos 8 millones de dólares de la época en la que fue adquirida, allá por 2013.

Ahora el juez federal Julián Ercoloni quien deberá resolver si cita a la jefa de los fiscales, que integra la agrupación de tendencia kirchnerista Justicia Legítima. El Gobierno, que intentó desplazar sin éxito a Gils Carbó de su cargo, confía en que esta acusación pueda ser la estocada mortal que la releve del puesto, según consingó el portal lanacion.com

Por su parte, la funcionaria advirtió que no piensa irse y dijo que en caso de que se firme un decreto para removerla, sino que, al contrario resistirá y recurrirá a la Justicia para evitarlo.

La causa

La procuradora es investigada por la operación de la compra del edificio de la calle Perón 667, donde tiene su oficina. La compra se realizó mediante la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados, y actuó de intermediario, Juan Carlos Thill al que se le pagó casi 3 millones de pesos de comisión, y que es medio hermano del número dos del área de contrataciones un funcionario de la Procuración General de la Nación.

La sospecha de la Justicia es que la licitación por la que se compró el edificio de la calle Perón 667 estaba digitada antes de ser pública para que se beneficiaran los que iban a cobrar la comisión.

Gil Garbó aparece al final de la operación y en la Procuración sostienen que fue víctima de un empleado infiel. No obstante, en tribunales y en el Congreso señalan que políticamente es responsable de la compra porque aparece firmando la operación y que éste es el camino más directo al juicio político que impulsa el Gobierno.
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