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Cuestionan implementación de la tarjeta SUBE por "ineficiencia, gasto excesivo y falta de planificación"

01/06/2017 11:43 hs
La Auditoría General de la Nación señaló que no hubo controles que pudieran mejorar su funcionamiento en esos primeros cinco años de aplicación.
 La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe sobre la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) en el período 2009-2013, en el que señala que se gastó dinero de más por "falta de planificación" e "ineficiencia", se creó inequidad entre Buenos Aires y el resto del país y no hubo controles que pudieran mejorar su funcionamiento en esos primeros 5 años de aplicación.

El informe se aprobó en la reunión de este mediodía del Colegio de Auditores, con los votos positivos de los radicales Jesús Rodríguez y Alejandro Nieva y del massista Gabriel Mihura Estrada, mientras se manifestaron en contra los tres peronistas Javier Fernández, Juan Forlón y Graciela De la Rosa. El voto del presidente, Oscar Lamberto, desempató en favor de aprobar el informe.

El trabajo señala, entre las mayores irregularidades, que la Secretaría de Transporte de la Nación, máxima autoridad de la que dependía, "no planificó adecuadamente el SUBE verificándose falencias en aspectos claves que incidieron negativamente en la ejecución del proyecto".

El año en que comenzó la auditoría, esa secretaría la ocupaba Ricardo Jaime, que en mayo de 2009 fue reemplazado por Juan Pablo Schiavi, a su vez reemplazado en marzo de 2012 por Alejando Ramos, siempre bajo la órbita del Ministerio de Planificación que conducía Julio De Vido. Sin embargo, en junio de ese año, la entonces presidenta Cristina Kirchner entregó el área a su ministro del Interior, Florencio Randazzo, aunque la secretaría continúo a cargo de Ramos.

El documento también habla de "ausencia de plazos certeros de cumplimiento" y "carencia de normativa oportuna", lo que señala "comprometió la ejecución del programa en términos de eficiencia y eficacia con relación a los usuarios del transporte".

La AGN hace especial hincapié en el área financiera. Dice que "ausencia de controles de los bienes de uso adquiridos y en su poder, faltando la aprobación de las rendiciones de gastos efectuadas en el periodo bajo examen de la misma" e "inconsistencias".

"Al cierre del período auditado, la Secretaría de Transporte no se había expedido sobre las rendiciones presentadas por Nación Servicio SA (la empresa encargada de implementar el SUBE), extendiéndose dicha falta por un periodo mayor a 4 años e involucrando ingresos y gastos pendientes de aprobación por $1.000 millones y $966 millones respectivamente" revela el trabajo.

 En diálogo con Télam al término de la reunión, el auditor radical Alejandro Nieva sintetizó su postura: "Encontramos falencias en la planificación del SUBE por parte de la Secretaría de Transporte (ST) que incidieron negativamente en la ejecución del proyecto, en el que se gastaron $2.767 millones. La implementación del sistema no se hizo en los plazos establecidos y estaba inconclusa al finalizar el período auditado", expresó.

Otro punto fundamental que marca la auditoría tiene que ver con la inequidad del sistema, que benefició a los pasajeros del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en perjuicio de los del interior. "El grueso de los subsidios al transporte financiados con el presupuesto de la nación se volcó al AMBA en detrimento de los usuarios del interior del país, afectando particularmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social", dice el informe al que tuvo acceso Télam.

Allí se muestra que durante el 2009/2013 las empresas de transporte de jurisdicción nacional y de provincia de Buenos Aires sumaron el 75% del total de compensaciones que entregaba el sistema. Así se subsidiaban en $693 a un habitante del AMBA, en $134 a uno de la región patagónica y $256 a otro de la región noroeste.

También señala que 5,5 millones de beneficiarios sociales del resto del país se encontraban imposibilitadas de abonar una tarifa diferencial en el marco del SUBE pese a que el sistema se financia con fondos del presupuesto nacional. Por eso en este punto se concluye que "la falta de proyección del SUBE como política nacional de transporte generó situaciones de inequidad respecto del interior del país".

En la misma línea de desigualdad, el informe establece que durante 2012 y 2013 se subsidiaron en el Área Metropolitana de Buenos Aires $23 mil millones, de los cuales el 70% fueron distribuidos de acuerdo a parámetros vinculados a los costos empresarios, mientras que el 30% restante según parámetros relacionados al uso del transporte. De este último porcentaje, solo el 13% fue determinado en base a datos SUBE.

"Así, se otorgaron $8.910 millones a la quinta parte de la población con más altos ingresos y $7.346 a la de más bajos ingresos", revela.

También señala, analizando los principales objetivos no cumplidos por el SUBE, que no se disminuyó el tiempo insumido en la adquisición de pasajes ni evitó el retroceso en la cantidad de pasajeros que pagaban el uso del sistema ferroviario. (para 2013 había caído un 54% comparado con cifras de 2006).

Entre otras dificultades, señala la falta o la demora de la instalación de molinetes en todas las líneas ferroviarias, cinco años después de implementarse el SUBE, como uno de los motivos del problema.

Finalmente critica la falta de sanciones ante la negativa de ciertas empresas de transporte a implementar el sistema en sus inicios (menciona el Grupo Plaza y recuerda que sólo recibieron intimaciones) y considera que todas estas falencias provocaron que recién en octubre de 2012 el sistema alcanzó un 90% de ejecución en las áreas determinadas.
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